Por: Lcda. Stephanie Beatriz Rivero Castillo
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo (RPPyC), es una de las áreas que más recaudación aportan al gobierno del estado de Quintana Roo, sin embargo, es una de las áreas con más deficiencias, problemas administrativos y, sobre todo, acceso a la mejora regulatoria que demanda la sociedad.
Para escribir sobre esta área, primero debemos considerar que en México, solo existen dos tipos de registros públicos, donde solo Baja California Sur y Quintana Roo son considerados constitutivos, esto quiere decir, que solo tiene una total certeza jurídica lo que se registra en dicha dependencia, pues en caso de que algún notario no haya realizado la inscripción de algún acta o instrumento notarial por señalar cualquier operación, esta carecerá de una valides formal, a diferencia de otros estados donde desde la operación realizada ante fedatario público (notario), los alcances de la operación mantienen una certeza casi plena.
El registro público de la propiedad y del comercio del estado de Quintana Roo, sin señalar la corrupción y temas que cada postulante y notario promueven año con año, debemos enfatizar en la lentitud de sus procedimientos, en la falta de un sistema de acceso a las registros y sobre todo, un orden correcto de todo lo inscrito desde su creación como área que guarda las operaciones registrales sobre bienes de Quintana Roo.
Actualmente, el notario se lleva de 4 meses (cuando hay suerte), a 10 meses para poder inscribir una operación traslativa de dominio, lo que provoca una desesperación social por parte del gobernado que pretende poder concretar operaciones que le son vitales pues es su patrimonio lo que se encuentra en juego, dado que este tiempo es solo para cuando las operaciones no tienen observación alguna, pero en caso de que tengan rechazo con modificación este tiempo se extiende hasta suplir las deficiencias.
LOS RETOS DE CRISTINA TORRES, LA SECRETARIA DE GOBIERNO ACTUAL
La secretaria de gobierno, deberá atender la mejora regulatoria entorno al Registro Público de la Propiedad y del comercio, buscando eficientar y sobre todo, agilizar los procesos ante esta institución, pues a pesar que los gobiernos pasados pagaron para la creación de software actualizado que permita ser mejores, esto fue peor, no solo los proveedores no terminaron los programas si no que ninguno ha funcionado al punto de dar respuesta a las demandas de los gobernados con resultados e inscripciones correctas y rápidas.
Las notarias son el principal cliente del Registro Público, sin embargo, la transparencia, la rapidez y los resultados no son lo que se tiene, pero aclaro, no se trata de voluntad, se trata de un tema que debe trabajarse desde la titular, Cristina Torres, el subsecretario y por supuesto, la directora general y sumando esfuerzos, entender que el servicio a la sociedad, de la mano con la recaudación, deben ser orientados a un mejor servicio público, pues lo que importa es el sentir social.
La interrogante es, en que momento estaremos a la altura de poder consultar un registro público desde un portal accesible y sin complejidades, como sucede en el vecino estado de Yucatán, pero en ocasiones, las deficiencias o la ralentización de los procesos administrativos hacen relucir la famosa frase, “Ha rio revuelto, ganancia de pescadores”.
Esperemos que se tenga una atención relevante a este tema, pues partamos que tan solo llegar a esta área, encontraremos pocas computadoras con el sistema “nuevo” de búsqueda, un ambiente algo tenso, algo saturado y bueno, si mentimos, pasemos dos días en esta área y observemos su operación.