- LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, LA ANTE SALA DE LA DISPUTA SOCIAL.
Por: M. en D. Katia Guadalupe Rodríguez Barajas
El titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), C.P. José Alberto Alonso Ovando, ha anunciado mediante comunicado que la regularización de predios en la cabecera municipal de Bacalar es un hecho, que han logrado llegar a un acuerdo satisfactorio con el ejido Bacalar y eso deriva en que se iniciarán los trabajos de regularización de los inmuebles, por lo que dio a entender que se ha logrado acabar con el litigio agrario entablado con el Gobierno del Estado y el Ejido Bacalar ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), sin embargo, omitió señalar cuando se daba la firma del desistimiento o en su caso del acuerdo conciliatorio entre las partes ante esa autoridad judicial en materia agraria.
Para dar un paso acelerado en la regularización de los predios de Bacalar, en primer término, José Alberto Alonso Ovando debe anunciar la firma del convenio o desistimiento de la demanda que existe en el TUA, lo que daría lugar a dejar sin efecto las medidas provisionales de mantener las cosas en el estado en que se encontraban, pues de nada sirve anunciar que empezarán las regularizaciones si legalmente están impedidos, por lo que habrá que esperar el tan anhelado anuncio para todos los interesados.
DE LOS ERRORES DEL AGEPRO
En Bacalar, hablando de regularizaciones, existen terrenos ejidales, otros de competencia estatal que le corresponde al AGEPRO y los del ramo federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), lo que antes era CORETT, en ocasiones ya están titulados y no se ponen de acuerdo entre quien es el dueño o responsable de los procesos administrativos, por ejemplo, José Alberto Alonso Ovando, ordenó el cierre de la avenida 3 creando un muro de madera y cavando una zanja para que nadie transite por el lugar, a pesar que como autoridad, el predio “aparentemente de la escuela normal” no está legitimado para tal violación de derechos de propietarios y poseedores de la zona.
Alonso Ovando y su personal, no han verificado que la calle donde inicia la avenida 3 es propiedad privada titulada por el INSUS, pero aprovechando el “supuesto” poder que dice tener, cerró sin considerar que existen otros predios en las inmediaciones y que hay personas que cuentan con escrituras y títulos que demuestran el abuso de poder en el que pudieran estar incurriendo por la sobre posición de predios y que ahora violentan el derecho constitucional a la libertad de tránsito y de acceso a sus predios.
DEL CONFLICTO SOCIAL QUE SE AVECINA
Por un lado, el AGEPRO da un avance en donde si tiene jurisdicción inmobiliaria, pero no cuenta con el personal que pueda dar trámite a todas las solicitudes ingresadas, además que, según su reglamento debe verificar las posesiones y considerar los procesos a favor de los solicitantes, ya que llevan años los poseedores con sus lotes, predios o casas, lo que refiere el compromiso de la gobernadora a favor de los bacalarenses, sobre todo, el cuidado y respeto por los que menos tienen.
EL conflicto que se avecina, lo será el precio que le fijaran a los predios, pues los poseedores llevan años en los predios y nunca se había hecho un programa de regularización y a la fecha sería contra el patrimonio definir precios comerciales, pues el metro cuadrado en Bacalar estriba de los 1900 a los 2600 pesos el metro cuadrado, lo que para una familia campesina o de bajos ingresos sería imposible adquirir en uno o dos años, tiempo que maneja el AGEPRO.
De igual manera, los peritos valuadores del AGEPRO se encuentran en la ciudad de Cancún, solo fijan precios comerciales y no se está trabajando en el beneficio social, al menos no hemos escuchado nada al respecto, habrá que ver como desarrollan estos trabajos, porque no es solo decir que se inicia, si no definir las reglas de operación, pero que estas sean con sentido humano, como lo ha demostrado la gobernadora Mara Lezama en cada acción que emprende.